"Desde hace 20 años que se intenta vincularme a esa causa, pero sucesivos Ministros Instructores a cargo de la investigación, nunca me han imputado participación directa o indirecta en los hechos. Es más, existe un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de 2013 que así lo demuestra", explica el ex comandante en jefe del Ejército.

El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, negó las acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos, que lo involucrarían en el denominado caso Caravana La Serena, denunciando haber sido agredido cuando concurrió a prestar declaración al tribunal.

A través de una declaración pública, el ex uniformado explica que "ayer, 15 de julio de 2015, concurrí a prestar declaración en el marco de un proceso judicial que se denomina Caso Caravana La Serena. Fui vilmente agredido".

Cheyre agrega que "desde hace 20 años que se intenta vincularme a esa causa, pero sucesivos Ministros Instructores a cargo de la investigación, nunca me han imputado participación directa o indirecta en los hechos. Es más, existe un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de 2013 que así lo demuestra".

El ex comandante en jefe del Ejército precisa que dos personas presentaron declaraciones "no vinculadas con el episodio caravana, y un grupo encabezado por un abogado del estudio jurídico liderado por un Diputado del PC, ha realizado innumerable acusaciones en mi contra, vinculadas a temas de derechos humanos y ninguna de ellas ha podido ser confirmada en los tribunales".

"Quiero señalar, por esta vía, que siempre he colaborado con la justicia. La opinión pública me conoce, jamás me he escondido, he dado y daré la cara, he demostrado -y seguiré haciéndolo- que no tengo responsabilidad en los hechos que me tratan de vincular. Lo han demostrado también sendos informes provenientes de muchos testigos de diferentes procedencia, del Ministerio de Defensa y de otros organismos", agrega.

Finalmente, Cheyre menciona estar preocupado que temas "se carguen de ideología, y que se organicen pequeños grupos, que con violencia y odio generan un ambiente de desconfianza".

Fuente: El Mostrador

En su resolución, el ministro en visita Jaime Arancibia destacó que se tratra de un delito "que reviste el carácter de permanente", ya que hasta la fecha no hay rastros del paradero del religioso, quien fue detenido tras el golpe militar de 1973.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 18 ex funcionarios de la Armada y Carabineros, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del sacerdote de origen britanico Miguel Woodward Iriberry, ilícito perpetrado a partir de septiembre de 1973.

En la causa, el ministro Arancibia dictó auto de procesamiento en contra de los funcionarios de la Armada en retiro Guillermo Samuel Aldoney Hansen, Juan Guillermo Mackay Barriga, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Víctor Sergio Valverde Steinlen, José Ignacio Yáñez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Hugo Moncada Salamanca, Claudio Francisco Cerezo Valencia, Pedro Abrego Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Segundo Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres.

Asimismo, procesó a los ex funcionarios de Carabineros Héctor Nelson Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Orlando Corrales Díaz y Luis Ricardo Araya Maureira.

En la resolución, y tras la descripción de los hechos, el magistrado estableció que se configura "la existencia del delito de secuestro calificado que contempla el artículo 141 incisos 1° y 4° del Código Penal en la persona del sacerdote Miguel o Michael Roy Woodward Iriberry, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad ambulatoria sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro, primeramente en un recinto controlado por la Armada y luego en unidades de dicha institución, siendo sometido a continuos interrogatorios y torturas, perdiéndose su rastro, lo que se ha prolongado desde su detención en el mes de septiembre de 1973 hasta la época actual, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados".

Agregó que se trata de un ilícito "que reviste el carácter de permanente o de ejecución continuada y se entiende en grado de comisión durante todo el lapso que dure la situación tipificada y sancionada en la disposición legal antes citada, la que se mantiene hasta el día de hoy por desconocerse aún el paradero o destino de Michael Woodward, o eventualmente de sus restos, careciéndose de antecedentes concretos de la víctima, hasta ahora".