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EL PODER JUDICIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE, 1990-2018

13.08.2018 23:54

El poder judicial y los Derechos Humanos en Chile, 1990 - 2018

Luego de leer 'No me lo pidan' de P. Veloso [La Tercera, 05 agosto 2018], tengo el mismo convencimiento político de hace 30 años, solo la lucha social y política por la democratización integral y total de las instituciones políticas y de los poderes del Estado, haría, justicia a los caídos durante la dictadura militar [1973-1990].

Nuestros muertos no merecían una justicia en 'la medida de lo posible' ni tampoco la miserable democracia política que aquellos que violaron sistemáticamente los derechos humanos, instituyeron. Esta no es nuestra democracia, es la de ellos, de aquellos que hoy protegen a sus esbirros, asesinos y serviles lacayos.

Los responsables políticos de la impunidad y libertad de muchos violadores de los derechos humanos y de que nuestros desaparecidos sigan desaparecidos, son aquellos que durante 28 años fueron y han sido complacientes con las instituciones y políticas establecidas por los que avalaron y justificaron el 'terrorismo de Estado' como una acción de defensa de los sagrados valores de la Patria, de Dios y de la propiedad privada.

Que hoy, a tres décadas de la derrota política del dictador, las instituciones políticas autoritarias sigan vigentes no es responsabilidad de ellos, sino de aquellos que asumieron la conducción política desde 1990 hasta la fecha, especialmente, de los gobiernos de la Concertación [1990-2010]. Ellos cancelaron la lucha social y encerraron a los movimientos sociales populares en la jaula autoritaria de la Constitución Política de 1980. Los partidos políticos anti-dictatoriales se volvieron partidos conformes con la institucionalidad pinochetista. Los ejemplos sobran y la ciudadanía los tiene muy presente. Los partidos políticos, supuestamente, democráticos fueron financiados con dineros de un empresario pinochetista. La corrupción ética durante 28 años ha sido total entre aquellos que tenían la obligación de luchar por la verdad, la justicia y la reparación, no lo hicieron. Y, si hicieron algo, todo fue en la medida de lo posible y, sobre todo, haciendo enormes concesiones a las instituciones responsables de implementar el terrorismo de Estado durante 17 años.

Los gobernantes democráticos fallaron y fracasaron en producir una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. Su democratización fue como la justicia a la “medida de lo posible”. Una democratización a medias.

En efecto, la democratización que se propusieron se redujo casi exclusivamente a las formas y prácticas del sistema político. Nunca se propusieron la democratización del Poder Judicial, el principal cómplice activo del terrorismo de Estado practicado por la dictadura. Nunca se propusieron la democratización de las Fuerzas Armadas y de Orden. Nunca se propusieron la democratización de las Universidades públicas, muchas ellas siguen rigiéndose por decretos promulgados por la dictadura. Los gobernantes elegidos democráticamente entre 1990-2010 y luego entre 2014-2018, son políticamente responsables de lo que hoy nos ocurre como sociedad. Pues, ellos dejaron que lo establecido por la dictadura cívico-militar siga vigente 38 años más tarde.

Si hoy vemos como los jueces de la Corte Suprema, del Poder Judicial, les dan la libertad a los condenados por la violación de los Derechos Humanos, no nos puede llamar la atención ni sorprender, pues ellos son parte de ese poder que negó en su momento recursos de amparos y negó protección y justicia a muchos de nuestros muertos y desaparecidos.

El Poder Judicial desde el 11 de septiembre de 1973 estuvo al servicio de la dictadura. Esta encontró entre los jueces de la República de la época el mejor apoyo para su política de exterminio político de los hombres, mujeres, niños y niñas que adherían y apoyaban al gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende [1970-1973].

Al Poder Judicial no se democratizo. Solo gracias, a la presencia de algunos jueces, digamos democráticos, fue posible hacer “algo” de justicia. Sin embargo, la estructura y la doctrina que sostiene la justicia chilena ha sido, desde la instalación de la República, profundamente conservadora, autoritaria, clasista, racista y patriarcal. Su historia esta plagada de episodios jurídicos y políticos que lo prueban. El poder judicial chileno no solo ha sido ciego sino también, silente, ante la violación de los derechos humanos perpetrados por el Estado nacional a lo largo de los 208 años de vida independiente.

Políticamente, el poder Judicial chileno ha sido antipopular, por excelencia, defensor acérrimo de los sectores dominantes. Durante el gobierno popular y revolucionario de Salvador Allende, bajo la presidencia de Enrique Urrutia Manzano [1972-1975], hicieron de la Corte Suprema un opositor tenaz de las medidas impulsadas por el gobierno popular. Ello explica, obviamente, que su actitud fue apoyar a la dictadura militar. La misma actitud política pro dictadura y anti popular la mantuvo José María Eyzaguirre [1975-1978] y, sobre todo, Israel Bórquez Montero [1978-1983].

Muchos de los actuales jueces son herederos de las doctrinas jurídicas y política que esos ministros de la Corte Suprema desarrollaron e impulsaron durante los 17 años de la dictadura. Los jueces del poder judicial durante la dictadura fueron consecuentes con sus posiciones políticas: eran genéricamente anti-izquierda, o sea, anti partidos políticos que conformaban la Unidad Popular, sus militantes, adherentes y simpatizantes eran el “enemigo interno” que había que exterminar. Y, ellos, no los iban a proteger. Todo lo contrario, los dejaron morir, desaparecer, torturar y exiliar.

Por tanto, que hoy los jueces de la Corte Suprema, que no fue democratizada, sino que sigue siendo antipopular y antidemocrática, otorguen la libertad condicional a los condenados por la violación de los Derechos Humanos y que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y su ministro de justicia Hernán Larraín, vayan a propiciar un “proyecto humanitario” destinado a favorecer a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad, no nos puede sorprender. Todo lo contrario, unos y otros tan solo agradecen con estos actos jurídicos la labor prestada por aquellos hombres que hicieron posible que Chile, como dijo la diputada de Renovación Nacional, fuera de “salvado” del comunismo.

Por último, si, hoy el Poder Judicial y el Gobierno del Estado de Chile, este en manos de los mismos que apoyaron a la dictadura es responsabilidad histórica y política de aquellos que tranzaron y acataron/sometieron a la institucionalidad política establecida por la dictadura.

La sociedad chilena actual, no es solo producto de la acción de la dictadura sino también de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría.

La libertad condicional de los cinco asesinos debe ser una bofetada en la cara a todas y todos aquellos que han administrado el orden pinochetista desde 1990 hasta la actualidad y debe ser también la oportunidad política para que los actores políticos estratégicos democráticos puedan impulsar, conjuntamente con la ciudadanía, la democratización del poder Judicial, para lograr la verdad, la justicia y la reparación para todos nuestros muertos y detenidos desparecidos. Ni perdón ni olvido, solo Verdad, Justicia y Reparación.

* Juan Carlos Gómez Leyton - Fortin Mapocho.cl

AJUSTE MINISTERIAL = OFENSIVA NEOLIBERAL

13.08.2018 23:44

Ajuste ministerial = Ofensiva neoliberal de Piñera 

Una burda campaña de propaganda lanza el Gobierno de Piñera para imponer su línea económica de claro corte neoliberal. Antes de irse al fondo en las encuestas. Después de titubeos acerca del momento propicio para lanzar la ofensiva decidieron hacerlo ahora con un equipo coordinado desde Hacienda con el Larraín de turno, Valente de Economía — que estuvo en las cuerdas por irse de lengua con sus consejos a los ricos de sacar la plata a los paraísos fiscales — y con Monckeberg, el del Trabajo que ya hizo parte de lo suyo al convertir a la juventud trabajadora en carne de explotación para los empresarios con su nueva ley recién aprobada.

El momentum del llamado “ajuste ministerial” será aprovechado para lanzar la ofensiva de la oligarquía política y empresarial con el inquebrantable apoyo de sus dispositivos mediáticos. Ya era tiempo dicen. Así podrán satisfacer las constantes presiones empresariales en la rebaja de impuestos a la gran empresa y a los ultra ricos. la famosa “productividad” se traducirá en ataques a las leyes laborales para que los trabajadores y trabajadoras sean manipulables o flexibles con bajos salarios compensados con el yugo del endeudamiento. Y las condiciones favorables a la inversión, en garantías al capital y empresas foráneas para que saquen el 40% de sus beneficios a los paraísos fiscales y así pagar menos tributos en Chile.

Son las medidas para que los empresarios de la Sofofa bajo la dirección de Bernardo Matte Larraín y de Alfonso Swett de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dejen de vociferar y sentirse defraudados en sus “expectativas” por su Presidente, el acaudalado Sebastián Piñera y su corte de empresarios.

Ante la situación económica global inestable y la guerra económica-mercantil entre potencias se aprieta el torniquete de los controles económicos neoliberales sobre los asalariados, hombres y mujeres. No se le ocurre otra cosa al equipo económico de Piñera que descargar el costo de la situación mundial sobre su propio pueblo.

La respuesta sindical no debería hacerse esperar. La del movimiento estudiantil y del promisorio movimiento feminista tampoco. Comparten demandas comunes. En un mundo de gente consciente de sus propios intereses, al menos … se haría todo lo posible. Ojalá los diputados y diputadas del Frente Amplio hayan aprendido a leer los códigos de la política neoliberal y los de RD se hayan despabilado (Echecopar sólo piensa en las próximas elecciones municipales).

Cuando la oligarquía decide tomar ella misma las riendas del poder, sin intermediarios concertacionistas y sucedáneos, se nota. Los de la Nueva Mayoría bacheletista siempre anduvieron con medias tintas. Es lo que hemos visto: los neoliberales se exponen de manera vistosa e incluso obscena. Se van de lengua porque en el fondo es lo que piensan hacer. Y las editoriales de sus pasquines se aplican a destilar lo peor y más vetusto del dogma en nombre de “la productividad”, “la competitividad”, “las estructuras tributarias competitivas”, “las rigideces de la reforma laboral” “la responsabilidad del trabajador”.

Nada Nuevo bajo el sol: la misma cantinela economicista y de sentido totalitario. Y la “editorial” de La Tercera (que permuta sus ejecutivos por ministros) del viernes 10 de agosto es para los efectos un panfleto clarificador acerca del tema.

Las únicas expectativas que el equipo de Piñera siempre alimentó fueron las de la concentración de la riqueza en pocas manos y del abuso institucional descarado de la oligarquía en tiempos de corrupción ciudadana, de desafección de la democracia liberal y representativa, y de amparo del Ejecutivo a los supremazos que otorgan la libertad a los violadores de Derechos Humanos. Contra todo avance del derecho. Goya decía que cuando la razón se adormece —habría que agregar cuando los movimientos sociales se institucionalizan— se despiertan los monstruos.

Es más que evidente que la ultraderecha chilena sigue siendo fiel a lo más ordinario del dogma neoliberal; el de Milton Friedman y Von Hayek … porque de las ideas del escocés Adam Smith, que ni siquiera vio la primera industrialización ni la máquina de vapor, ni un carajo …

* Leopoldo Lavín Mujica - El Clarin.cl

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