Ana González de Recabarren, la voz que nadie pudo apagar

“¡Compañera Ana González, presente!” Ese fue el clamor que este viernes marcó la marcha número 108 de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), actividad que cada viernes se realiza a las 13:00 horas frente al Palacio de La Moneda.

Ese grito no fue casualidad, por el contrario, con ello la organización buscaba homenajear a Ana González, cofundadora de la AFDD, quien falleció, este viernes, a los 93 años.

La información sobre su muerte no tardó en difundirse a través de redes sociales. Allí su nieta, Lorena Díaz, señaló que González había fallecido luego de pasar por una serie de vejaciones por parte de las instituciones de salud.   

“Mi abuela Ana está internada en el Barros Luco, en urgencia, y como no hay camas la dejan hospitalizada en la camilla de la ambulancia. Por la cresta, cero dignidad para nuestros viejos”, escribió el miércoles pasado en su Twitter.

Finalmente la activista, luego de ser trasladada al Hospital San José, falleció producto de una insuficiencia respiratoria.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), lamentó la muerte de González. Según comentó, este hecho sólo puede evidenciar cómo los familiares de las víctimas de la dictadura han fallecido sin poder conocer qué pasó con sus seres queridos.

“Todas y todos se van sin saber qué pasó con sus familiares durante dictadura. Por lo tanto, su muerte nos provoca una gran tristeza”, dijo.

Por su parte, el músico Roberto Márquez manifestó que la muerte de Ana González no puede sino generar vergüenza: “Eso siento: mucha vergüenza, una pena inmensa por Anita, quien luchó toda su vida, porque buscó por muchos años a sus familiares, pero creo que seremos muchos los que vamos a seguir buscando por ella, los que vamos a dar hasta el último aliento buscando a nuestros desaparecidos”.

Así, la noticia no dejó indiferente a ningún sector: “Hasta siempre, querida Ana González. Chile te recordará por tu gran valentía y por tu incansable defensa de los Derechos Humanos y justicia”, declaró la ex presidenta Michelle Bachelet.

Mientras, el alcalde Daniel Jadue dijo: “Triste partida de Ana González, bella luchadora por los derechos humanos, quien a sus 93 años nos deja sin haber encontrado a su marido, dos hijos y su nuera embarazada, todos detenidos desaparecidos”.

Una labor incansable

Ana González nació en 1925 en la oficina salitrera El Toco, cercana a Tocopilla. Más tarde, se trasladó junto a su familia a una población de Renca. Luego, cuando tenía 17 años, comenzó a militar en el Partido Comunista. Sin embargo, a principios del 2000 dejó la militancia.

Pese a ello, su relación con el PC se mantuvo vigente hasta el último minuto. Tanto así, que en una entrevista publicada en 2014 por The Clinic, señaló: “Y yo tampoco dejé de ser comunista, porque la convicción es de un sistema socialista”.

Durante dictadura debió enfrentar la desaparición de su esposo, Manuel Recabarren, y la de sus dos hijos, Luis Emilio y Manuel. También, debió vivir la desaparición de su nuera, Nalvia Mena, quien al momento de ser capturada se encontraba embarazada. (Recientemente el caso de Ana González fue revivido por la serie Historia necesaria).

Tras la detención de sus familiares, Ana González se unió a Sola Sierra, Mireya García y Viviana Díaz. Incluso, en el marco de esta lucha, participó en una huelga de hambre que se realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

En 2011 estuvo nominada al Premio Nacional de los Derechos Humanos de Chile, que finalmente recayó en Viviana Díaz. Luego, en 2013, fue homenajeada por la Nueva Mayoría por su defensa de los derechos humanos.

No obstante, pese a los reconocimientos, González continuó siendo crítica respecto de cómo fueron abordadas las causas de DD.HH. Así, en una entrevista al diario El País, en el marco de la conmemoración de los 45 años del Golpe de Estado dijo: “El país está como lo pensó Pinochet. Cuando dicen ‘le ganamos a Pinochet’… Pienso que no es verdad. No le ganamos. Seguimos divididos y los luchadores de antes se recogieron a sus casas”.

“Para eso fue la dictadura: para silenciar al pueblo que había ganado su libertad. Pero confío en los jóvenes de hoy”.

El caso judicial

Ana González, luego de que sus familiares fueran detenidos, acudió a la Vicaría de la Solidaridad. Allí, el 30 de abril de 1976 interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Un año después, el tribunal sobreseyó definitivamente la causa, pero en 1978 la Corte debió retroceder y declaró el sobreseimiento temporal del caso.

El cambio más rotundo de la investigación vino en democracia, cuando Pinochet fue detenido en Londres. Entonces, el caso comenzó a ser investigado por el Ministro en visita Leopoldo Llanos, quien finalmente condenó a 19 ex miembros de la DINA por su responsabilidad en delitos de secuestro calificados de diversos detenidos desaparecidos, entre ellos, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Manuel Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González y Nalvia Rosa Mena Alvarado.

Según el dictamen, las víctimas habrían pasado por Villa Grimaldi. *

 Radio U de Chile

El origen del horror: El impresentable adoctrinamiento de los militares chilenos en la macabra Escuela de las Américas de EE.UU.

Paradójicamente, han sido los gobiernos de los presidentes "socialistas", Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los que más oficiales han enviado a "capacitarse" en técnicas de tortura, exterminio y "guerra interna" contra sus propios compatriotas.

La irrupción de la Revolución Cubana en el mapa político mundial, en 1959, es el punto de partida de esta historia. Es en ese crucial momento histórico, cuando los militares estadounidenses ponen en marcha una ofensiva casi desesperada destinada a “afianzar” y “fortalecer” su relación con los ejércitos latinoamericanos.

El detalle lo entrega el periodista Manuel Salazar en el libro “Contreras: La historia de un intocable”, una de las mejores investigaciones periodísticas sobre la DINA y sus tentáculos represivos. Allí, el profesional señala que “en muchos casos, (los norteamericanos) empezaron a condicionar su ayuda económica y apoyo técnico a la presencia de misiones militares en las naciones del sur”.

Así, añade Salazar, entre 1960 y 1962, los militares norteamericanos consiguieron tener representaciones en 19 países, redoblando además los programas de asistencia, denominados PAM (Military Assistance Programs), que comenzaron a ser conocidos en Chile desde 1953. Incluso, indica la investigación, existieron en nuestro país batallones con ese nombre (PAM) dotados enteramente con elementos bélicos procedentes de Estados Unidos.

“La ayuda era coordinada por el Comando Sur, uno de los cuatro centros de mando de las fuerzas armadas estadounidenses, cuya sede fue trasladada a la zona del Canal de Panamá, en 1963”, agrega el texto de Manuel Salazar, que detalla que el grueso de la ayuda militar norteamericana se encauzó, entre 1963 y 1966, a Chile y Argentina, con 69,5 y 56,1 millones de dólares, respectivamente.

Y aquí aparece el punto crucial: “La influencia estadounidense se apreció además en el abrupto aumento de los cursos destinados a aspirantes militares extranjeros, conocidos como FMT (Foreign Military Trainees). Una de las escuelas más célebres fue la US Army School of the Americas (Usarsa), creada en 1963, en Fort Gulick, donde, en portugués y en español, se dictaban cursos de ideología anticomunista y doctrinas contrasubversivas”.

Estas escuelas, ubicadas en territorio estadounidense, eran mixtas y otorgaban un “prestigio” a los oficiales latinoamericanos que acudían a ellas. Cuenta Salazar en su libro: “En Chile, cualquier aspirante al alto mando, ya fuese del arma de Caballería, de Ingeniería, de Infantería o Artillería, prefería, obviamente, ir a Fort Leavenworth, al Inter-American Defense College, a Fort Clayton o a Fort Benning, en Georgia”.

Así, tras años de silenciosas “capacitaciones”, los alcances de esta “formal” instrucción militar aparecería, con macabra frialdad y crueldad, en el momento en que, uno a uno, los países del cono sur comenzaron a ser asolados por golpes militares ávidos de poner en práctica las enseñanzas de sus “maestros” norteamericanos.

En el caso chileno, en ese listado, identificamos un nombre clave: Manuel Contreras. El cerebro de la DINA fue uno de los tantos oficiales que viajó a EE.UU. a “capacitarse”, llegando en el año 1967 a Fort Benning, para realizar el curso de post grado de Estado Mayor.

En este punto, agrega Salazar en su trabajo de investigación: “Hasta la década de los años 60 no se hablaba en el Ejército de Chile de la Inteligencia como función primaria del mando. Existía sólo el Servicio de Informaciones, en esa calidad (…) La creciente influencia estadounidense en los ejércitos americanos indujo a los mandos a transformar este Servicio de Informaciones, otorgándole la función de Inteligencia”.

“La guerra de Vietnam hizo que los estadounidenses redoblaran sus recomendaciones y entonces, en el Estado Mayor del Ejército chileno, se empezó a mirar con preocupación los brotes subversivos (…) por tales razones, los cursos de inteligencia empezaron a incluir temas como la subversión y la contrasubversión, y, con no pocas dificultades, se comenzó a infiltrar personal militar en entidades estatales como Corfo, Cora, Indap y en algunos ministerios”, añade el texto del periodista Manuel Salazar.

Las consecuencias de este trabajo son, a estas alturas, ampliamente conocidas. A partir del 11 de septiembre de 1973, las “capacitaciones” realizadas por los militares norteamericanos a sus pares chilenos posibilitó la implementación de la más brutal maquinaria de terrorismo de Estado conocida en Chile, responsable de miles de muertes, desapariciones y torturas.

Pero, ¿qué queda hoy de todo este macabro episodio? ¿Siguen nuestros militares siendo adoctrinados y “capacitados” en la aplicación de estas brutales técnicas de muerte, tortura y terrorismo? La respuesta, lamentablemente, es sí. Todo sigue igual. A pesar del fin de la guerra fría y el exterminio físico de la combativa clase obrera chilena -el intratable miedo atávico de la élite nacional-, los militares chilenos siguen asistiendo a estas escuelas como si nada hubiera pasado.

Y, paradójicamente, han sido los gobiernos de los presidentes “socialistas”, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los que más oficiales han enviado a EE.UU. con estos fines ya señalados.

Según datos recabados por el portal estadounidense Just The Facts, respaldados en cifras oficiales del programa Direct Comercial Sales (DCS), del Departamento de Estado norteamericano, el mayor salto de alumnos en el período 1999-2012 se produjo durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (de 2 a 159 efectivos en el año 2001), alcanzado un récord durante la primera administración de Bachelet, con un total de 585 viajes de instrucción.

En ese sentido, los nexos de Bachelet con las ramas castrenses de Estados Unidos se afianzaron en 1997, cuando la ex presidenta hizo un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC. De este mismo organismo se recibió el militar ecuatoriano Lucio Gutíerrez, cómplice del fallido golpe de Estado contra Rafael Correa en 2010.

Así durante su primer gobierno, Bachelet estrechó los lazos militares con el Comando Sur de Estados Unidos, permitiendo que el militar chileno y activo agente de la CIA, José Miguel Pizarro, usara recintos de la Armada de Chile para entrenar a paramilitares de la empresa privada Blackwater, para ser enviados, posteriormente, a Irak y Afganistán.

Según el sociólogo James Petras, Bachelet fue la “seguidora más enérgica” de EEUU al “enviar a Haití una fuerza expedicionaria militar para que ayudara en las tareas de represión de los partidarios del Presidente democráticamente electo Bertrand Aristide”. En dicha campaña, “400 soldados chilenos armados hasta los dientes patrullaron las miserables calles de Puerto Príncipe en apoyo del régimen títere impuesto por Estados Unidos”.

Asimismo, a fines de 2017, y apelando a la Ley de Trasparencia, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile dio a conocer los recursos y la cantidad de contingente que las Fuerzas Armadas siguen enviando al centro de entrenamiento: entre 2012 y 2016 se entrenaron más de mil militares chilenos, convirtiéndose Chile en el segundo país después de Colombia que más personal envía a esta escuela de formación en técnicas de tortura, inteligencia y contrainteligencia.

El vocero del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile, Pablo Ruiz, denunció en ese momento que la subsecretaría para las Fuerzas Armadas sigue entregando decretos de autorización para asistir al lugar donde los militares chilenos son adoctrinados bajo las orientaciones políticas y militares del Ejército de los Estados Unidos.

“En muchos sentidos, las Fuerzas Armadas siguen teniendo una autonomía enorme para tomar decisiones que debería tomar el Ejecutivo, porque en este caso obviamente existen intereses involucrados. Es erróneo seguir insistiendo en estos compromisos con los Estados Unidos conociendo la historia de nuestro país, donde existe un vínculo estrecho no sólo por el entrenamiento que recibió la DINA y la CNI, sino que también la historia demostró que la CIA y el gobierno de dicho país hicieron todo lo posible para que se terminara con la democracia chilena y se llegara a un golpe de Estado”, explicó Ruiz a la radio de la U. de Chile.

Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), precisó que por años se han reunido con las autoridades políticas de turno para plantear el término de esta especie de asociación con las fuerzas armadas del país norteamericano. La dirigenta aseveró que es un retroceso, en pleno siglo 21, seguir enviando militares nacionales a la Escuela de las Américas, ubicada en Georgia.

“Ellos están preparados no para la defensa de las fronteras del país, sino que para la lógica de perseguir al pueblo organizado. Por años nos hemos reunido con los ministros de Defensa de distintos gobiernos, hemos exigido no más envíos de uniformados a la escuela por lo que significa, una lógica del enemigo interno, la tortura. Para nosotros esto es un retroceso”, afirmó Lira.

Según datos proporcionados por el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, el costo y gasto anual para el Estado en este propósito, en el periodo 2015 al 2017, fue de casi dos millones de dólares, situación que el diputado Hugo Gutiérrez califica como “impresentable”.

“Es totalmente inaceptable e impresentable que sigamos enviando militares para este tipo de adiestramiento. Creo que esas platas salen del Estado chileno y no del país norteamericano, en consecuencia, creo que es posible que el Presupuesto destinado para estos fines puede reducirse a un peso y ahí terminar con la vocación de uniformados de tener este entrenamiento para la guerra interna”, expresó el legislador comunista.

Así, hasta el 2017, se calcula que Chile ha enviado a más de siete mil militares a este “centro de entrenamiento”, donde, como hemos visto, han sido instruidos verdaderos monstruos como Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, responsables de las más horrorosas violaciones a los Derechos Humanos de los que se tenga registro en nuestro país.

* El Ciudadano