Juan José Montiglio Murúa
  ¡ Presente !

 

"Héroes y mártires del GAP."

Juan José Montiglio Murúa, casado, dos hijos, estudiante universitario, militante del Partido Socialista, miembro de la Guardia Presidencial, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda, sede de Gobierno. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.

Montiglio Murúa era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de amigos personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República.

En ella se desempeñaba como jefe de una de las unidades, encargada de dar protección a las residencias y locales de la Presidencia y en sus actividades de seguridad usaba el nombre de Aníbal Salcedo. Además, era estudiante universitario y había cursado segundo año de Pedagogía en Biología en la Universidad de Chile.

El día 11 de septiembre estaba en la residencia de Tomás Moro y a las 7:30 horas, junto con el presidente Allende y 16 miembros de la Guardia se dirigieron a La Moneda, recinto al cual pudieron entrar sin dificultad.

Ese día 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde Fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

La auxiliar de enfermería, Hilda Rosa Varas Gaete, que se desempeñaba en sus funciones en la Presidencia, tuvo oportunidad de ver ese día a Montiglio en La Moneda. La Sra. Varas, en declaración notarial, señala que al salir del recinto, de acuerdo a las instrucciones recibidas, se despidió del Dr. Danilo Bartulín, que era su jefe, de Carlos Alamos y de Aníbal Salcedo, nombre usado por Montiglio como se ha señalado antes.

Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando incluso permanentemente amenazados de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas heridas fueron detenidas y desaparecieron desde dicho centro asistencial.

Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por Carabineros e ingresados al recinto de la Intendencia de Santiago. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, todos los cuales integraban un grupo de aproximadamente 13 personas, algunas de las cuales fueron posteriormente ejecutadas en tanto que del resto de ellos se desconoce su situación final y de alguno de ellos, incluso sus identidades.

Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.

Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente debieron permanecer en un sector denominado de los boxes o antiguas caballerizas. Permanentemente, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellos: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y, Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

Alrededor de las 14 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido.

Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12:00 horas de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban fueron detenidos y conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, recuerda entre los detenidos a "Aníbal", que era el apodo político de Juan Montiglio. Seoane estuvo detenido y amarrado hasta el momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar y quedaba solo.

Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros fueron colocados en grupos de a cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, los uniformados lanzaron granadas para detrozar los cuerpos y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27, los que antes de ser asesinados gritaron consignas políticas alusivas al gobierno de la Unidad Popular. Este soldado también declaró que el segundo día de su permanencia en Peldehue, un conscripto encontró, incrustado entre unos espinos, un trozo de carne que era fácilmente identificable como una oreja humana.

Sin embargo, esta matanza de prisioneros, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellas, Juan José Montiglio Murúa, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

 

Ante la detención y desaparición de Juan Montiglio su cónyuge, que tenía dos hijos de 1 y 2 años de edad, debió deshacer su hogar y trasladarse a vivir como allegada con su madre y no se atrevió a hacer ninguna gestión judicial durante varios años, aunque lo buscó en los lugares habituales de detención.

El 15 de mayo de 1990 se presentó denuncia por presunta desgracia ante el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, causa que roló con el N°126465-6. En el escrito, la cónyuge, señora Rina Belvederessi, declara que no se atrevió a iniciar acciones judiciales en ese tiempo por el legítimo temor que sentía ante los acontecimientos que comenzaban a precipitarse en el país. Señala: "Fui una de las personas que quedó paralogizada ante lo que ocurría. La seguridad de mis pequeños hijos hizo el resto". Simultáneamente solicita que se oficie a Policía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, cementerios, Instituto Médico Legal, Registro Civil, etc., para tener todas las informaciones posibles sobre el destino de su cónyuge. Actualmente (fines de 1992) la causa se encuentra en tramitación, en estado de sumario.

 

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Actualidad:

TERCERA- Roma, 6 de julio 2000

Italia: Familiares desaparecidos esperanzados por proceso a Pinochet

 

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares Desaparecidos durante la dictadura militar chilena, Mirella García, expresó en Roma su esperanza de que Italia abra un proceso en contra del general (r) Augusto Pinochet por la detención y posterior desaparición de cinco italo-chilenos bajo su régimen (1973-90). Mirella García declaró ante el fiscal Giancarlo Capaldo, quien tiene a su cargo la investigación preliminar para determinar si existen las condiciones para iniciar un proceso no sólo en contra de Pinochet, sino también del jefe de sus servicios secretos, Manuel Contreras. Capaldo dirige la investigación sobre la desaparición de Juan Montillo, Omar Venturelli, Giovanni Maino, Jaime Donato y Dignaldo Pizzini.

 

 

Primera Linea 13 de Junio 2001 

Exclusivo: Fiscal italiano indaga en Chile huella de Pinochet en desapariciones

 

Desde el domingo se encuentra en el país el fiscal italiano Giancarlo Capalbo, para avanzar en la investigación del desaparecimiento forzoso de cuatro ciudadanos ítalo-chilenos detenidos durante la dictadura. Aunque se trata de un proceso iniciado en Italia que aún cursa su etapa instructoria, la causa ya fue motivo de un exhorto a Chile solicitando la designación de un abogado para Augusto Pinochet.

El viaje del instructor tiene como objetivo recopilar antecedentes sobre los casos de Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.

Capalbo ya se reunió con los familiares de las víctimas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y, esta mañana, sostendrá un encuentro con los abogados de derechos humanos Hugo Gutiérrez, Fabiola Letelier y Julia Urquieta.

En la agenda del fiscal se cuenta para el jueves el interrogatorio de algunos testigos y una cita con el juez a cargo del proceso por la Caravana de la Muerte, Juan Guzmán, aún sin horario establecido.

Aunque el proceso está aún en su etapa preliminar, fuentes italianas aseguraron a Primera Línea que, al menos en el caso Venturelli, estarían involucrados el procesado general Augusto Pinochet, el coronel (r) Marcelo Moren Brito, el abogado Alfonso Pollec Michaaud, además de los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla.

La investigación del caso se desencadenó en 1998, luego que el senador del Partido Verde Stefano Boco solicitara el esclarecimiento de la desaparición de Venturelli.

Una de las particularidades del sistema judicial italiano es que el juicio puede realizarse "por derecho de sangre", lo que implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de la península. De hecho, el ex directo de la DINA, Manuel Contreras y el ex agente Raúl Iturriaga Neumann fueron procesados y sentenciados a 20 y 18 años de presidio, respectivamente, por el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, perpretado en Roma en octubre de 1975.

Una vez presentada la denuncia penal, se designa a un fiscal para que actúe como acusador público (en este caso, Capalbo), en un proceso similar a la designación de un juez de primera instancia. Cuando concluya su investigación, y si estima que existen los antecedentes necesarios, el instructor puede iniciar una acusación formal, la que debe ser resuelta por la Corte de Asis, tribunal integrado por dos magistrados y seis personas más.

En agosto del año pasado el fiscal envió a Chile un exhorto por la desaparición de los cuatro casos mencionados, todos consignados en el Informe Rettig. Sin embargo, fuentes italianas aseguraron que en esa oportunidad sólo se trató de una notificación para que Augusto Pinochet designara a un abogado en Roma a cargo de su defensa en el juicio. Además, otras fuentes aseguraron que en esta etapa del proceso ya han declarado varios chilenos en calidad de testigos, entre los que se cuentan los diputados socialistas Carlos Montes e Isabel Allende, el escritor Luis Sepúlveda y la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.

 

 

Primera Linea 4 de Abril 2002

Corresponden a detenidos desaparecidos de La Moneda

 

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.

En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.

Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

 

Pozo equivalente a seis pisos

 

Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.

Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias. Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

 

¿Quiénes son?

 

Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.