NUESTRO RECHAZO AL RECONOCIMIENTO DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ COMO PRESIDENTE DE HONDURAS POR PARTE DEL GOBIERNO CHILENO

21.12.2017 01:00
Campañas, adhesiones, solidaridad y trabajo político

"En esta sección tendrá acceso a cuales son las posturas y criterios adoptados por el Comité Exterior del GAP en temas internacionales y conocerá obviamente las variadas campañas, actividades, y tareas en las cuales estamos abocados."

El pasado 26 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales en Honduras. Tras numerosas irregularidades en el conteo de votos, interrumpido cuando claramente el resultado se mostraba favorable al candidato de la oposición, al reanudarse el conteo varias horas más tarde, el resultado apareció volcado a favor del candidato oficialista Juan Orlando Hernández. Ello dio pié a denuncias de fraude por parte de la oposición, a protestas generalizadas de la población, e incluso a recomendaciones de los observadores de la OEA quienes declararon: “el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral significa que la misión no podía tener certeza sobre los resultados”. Y en un comunicado emitido después por su secretaría general se señala que “Ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales”.

Se detectaron “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático”, papeletas que parecían recién impresas, urnas que llegaron sin actas y patrones de participación reportada en ciertas zonas con “improbabilidad estadística extrema”.

Incluso algunos de los aliados incondicionales de Hernández, que apoyaron su gobierno con millones de dólares desde EEUU —como las representantes Norma Torres, una demócrata de California, o Ileana Ros-Lehtinen, una republicana de Florida, entre otros— le exigieron transparencia al tribunal electoral.

Sin embargo, tres semanas después, el Tribunal Electoral de Honduras, presidido por David Matamoros, miembro del Partido Nacional oficialista y compuesto en su mayoría por partidarios de Juan Orlando Hernández, lo proclama vencedor.

A todo ello hay que añadir una interminable lista de actos autoritarios cometidos durante el anterior periodo presidencial por el presidente Hernández y su secretario de Estado, Arturo Corrales, para asegurarse la permanencia en el gobierno: corrupción ampliamente documentada; modificaciones ilegales a la Constitución; posibles vínculos con el narcotráfico; ataques a la libertad de prensa; criminalización de protestas pacíficas; repetidas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad; la manipulación de las estadísticas de homicidios que impiden que Honduras pueda solicitar asistencia internacional – Honduras registra una de las tasas de criminalidad más altas del mundo-; y una actitud laxa ante el asesinato político.

Desde el día de la elección se repiten las protestas de la población en la calle, a pesar del toque de queda establecido y del empleo de la fuerza que ya ha producido un saldo de al menos 22 muertos y numerosos heridos.

Haciendo caso omiso de la cantidad de irregularidades denunciadas y de los insistentes reclamos de la población exigiendo la vuelta de la democracia al país, el gobierno de Chile se apresura, via tweet, a felicitar por los resultados que “proclaman” ganador a Juan Orlando Hernández.

El Comité Exterior del GAP rechaza el reconocimiento por parte de nuestro actual gobierno, de un resultado electoral más que dudoso y la proclamación de Juan Orlando Hernández para un segundo mandato presidencial, de dudosa legalidad según la Constitución Hondureña que no admite la reelección.

El Comité Exterior solicita al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que reconsidere tal decisión y que se escuche al castigado pueblo hondureño, muchos de cuyos ciudadanos se han visto obligados a abandonar ese país en busca de una vida mejor.

Por último, exigimos que se retire toda ayuda y cooperación económica del gobierno de Chile y de los Estados latinoamericanos al gobierno de Honduras en tanto no se regrese a la senda de la democracia y del respeto a los derechos humanos en ese país.

Estocolmo, 21 de diciembre de 2017